La Jueza de Familia N° 2 de Orán se refirió al fallo sin precedentes en el que ordena al Estado provincial implementar un plan en materia de salud mental.
Radio A mantuvo diálogo con la Jueza de Familia N° 2 de Orán, Ana María Carriquiry, quien se refirió al fallo sin precedentes en el que ordena al Estado provincial a implementar un plan en materia de salud mental. El juicio duró un mes y 25 días
Explicó que la presentación del plan debe realizarse en un plazo de 10 días, el cual debe incluir tres psiquiatras y diez psicólogos como mínimo; un neurólogo; terminar con la precarización de los trabajadores; disponer urgente la apertura del Centro Tinku y reacondicionar las instalaciones de los hospitales Ragone (Salta capital) y San Vicente de Paul (Orán) entre otros puntos.
«El trato tiene que ser digno hacia la persona pero tenemos un solo psiquiatra para 125.000 habitantes», añadió.
Asimismo, el Estado provincial deberá destinar en materia de salud mental el 10% del presupuesto que recibe para salud. Actualmente solo se destina el 0,4%. «Lo que nos explicaron es que no tenían los elementos para responder esto».
También se deberá poner en funcionamiento el Órgano de Revisión en Salud Mental en un plazo de 90 días, mientras esto ocurra se dará intervención al Comité contra la Tortura a fin de «controlar y revisar dónde están alojados los padecientes mentales y el trato que reciben» ya que la función del Comité es asegurar el cumplimiento de los derechos humanos.
En relación con lo anterior, Carriquiry manifestó que la condición de vida en los centros de salud mental es «terrible y muy fuerte. No quisiera que el familiar de uno o uno mismo tenga que estar en esa situación».
Aclaró que el personal «hace más de lo que que cualquiera haría pero el problema es que no están dadas las condiciones edilicias, por eso el Estado no puede seguir cerrando los ojos ante esto y los jueces seguir cerrando la boca».
Por otro lado, indicó que la sentencia puede ser apelada en tres días hasta el vencimiento de la misma (viernes a las 10:00 horas). Si esto ocurre, el expediente va a la Corte de Justicia, quien puede confirmar el fallo o no, sin embargo, el Plan Integral debe cumplirse.
«Había que hacer algo. Me da más miedo el silencio de los justos que la voz de los injustos», concluyó.
