Se debe a un conflicto de poderes. De esta manera, el municipio deberá volver a sustentar al Concejo hasta que se resuelva.

La Corte de Justicia de Salta dio lugar a la medida cautelar interpuesta por la Municipalidad de Orán y ordenó suspender la aplicación de la ordenanza N° 2245/2022 que establecía la independencia económica del Concejo Deliberante local.

De esta manera, el municipio deberá volver a sustentar económicamente al cuerpo deliberativo.

Los motivos

La Corte de Justicia determinó que existe un “conflicto de poderes”. Entre los considerandos, se señala que el Concejo excedió las facultades que le competen; la aplicación de la ordenanza representa una amenaza a las finanzas públicas del municipio y el proyecto transgrede normas constitucionales.

A continuación la transcripción de algunos considerandos:

1°) Que a fs. 19/22 vta. el apoderado  de la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán promueve acción de inconstitucionalidad respecto de la Ordenanza 2245/2022, y solicita como medida cautelar la suspensión de sus efectos.

Señala que con fecha el 30/12/2021 el Concejo Deliberante de dicha Municipalidad remitió al Departamento Ejecutivo, para su remuneración  y promulgación, el proyecto de ordenanza de presupuesto correspondiente al ejercicio 2022 de ese cuerpo legislativo. Añade que tal remisión, se hizo aduciendo la autonomía financiera reconocida mediante las Ordenanzas 1374/05 y 1380/05, sin que se haya dado tratamiento –según agrega- al proyecto de ordenanza del Presupuesto General elaborado y enviado previamente por el ejecutivo en fecha 16/12/2021 mediante Resolución 2034/21.

Enuncia que el proyecto fue vetado mediante resolución 2105/22 donde se explicitaron como razones, que se trata de un instrumento legal que debe contener todos los ingresos y gastos del estado municipal; que a su vez, constituye un instrumento de planificación de las políticas públicas con miras al cumplimiento de los fines del Estado; que financia el funcionamiento de todo el estado municipal, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, por lo que debe elaborarse un único presupuesto por el Ejecutivo y sancionado por el Concejo Deliberante, conforme el principio de unidad presupuestaria

Postula que el proyecto elaborado por el cuerpo deliberativo transgrede normas constitucionales y ocasiona un grave perjuicio al funcionamiento del municipio por privarlo, según advierte, del financiamiento para el cumplimiento de las tareas que hacen al bienestar general de la población.

Indica que, pese haber sido vetado mediante Resolución 2105/22, el presupuesto debió aprobarse a insistencia del Concejo Deliberante y se promulgó como Ordenanza 2245/22.

Explica que la ordenanza finalmente aprobada contraviene el art. 68 de la Constitución Provincial y vulnera prohibiciones establecidas con relación a las disposiciones que un presupuesto debe respetar.

En ese contexto, solicita que cautelarmente se suspendan sus efectos hasta tanto se resuelva el planteo de inconstitucionalidad. Encuentra que la verosimilitud del derecho surge clara de la contraposición de la ordenanza y lo dispuesto en la Constitución Provincial. Sustenta el peligro en la demora en el gravamen irreparable e irreversible que le ocasionaría a las finanzas públicas no suspender su vigencia y ofrece fianza personal en caso de ser necesario la contra cautela.

2°) Que como lo ha señalado reiteradamente esta Corte, la acción interpuesta debe ser juzgada según su verdadera naturaleza, con prescindencia del nombre que le asignen las partes. Ello importa una aplicación del principio “iura curia novit” y el ejercicio de la facultad del Tribunal de calificar autónomamente las pretensiones de las partes y determinar las normas jurídicas aplicables al caso.

Partiendo de esta premisa y del principio anteriormente señalado, la acción deducida en autos debe ser encuadrada en las previsiones de los arts. 708 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial.

En efecto, más allá de que el escrito inicial también refiera a una pretensión de declaración de inconstitucionalidad, las manifestaciones formuladas en torno a que el presupuesto es un instrumento que debe adecuarse al principio de unidad, en tanto comprende el manejo de las finanzas públicas generales del municipio y que le compete al Departamento Ejecutivo Municipal su elaboración y al Concejo Deliberante su aprobación, aduciendo que este último se apartó del marco legal aplicable, excedió su competencia e invadió la que es propia del Departamento Ejecutivo, ponen en evidencia que, en rigor, el planteo excede aquella vía.

En tal entendimiento, se advierte que las postulaciones esbozadas en la demanda señalan un conflicto de poderes orientado a que se declare la nulidad de la ordenanza municipal por la que quedó aprobado el Presupuesto del Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán, con prescindencia del tratamiento del proyecto de Presupuesto General enviado por el Departamento Ejecutivo.

3°) Que con este encuadre, se impone puntualizar que las cuestiones de competencia suscitadas entre los órganos ejecutivo y deliberativo de cada municipio […] han sido definidas como “colisiones de carácter institucional entre estos poderes”.

Sobre el particular, en pronunciamientos anteriores, conforme a una adecuada hermenéutica del texto constitucional, este Tribunal sostuvo que existe conflicto interno de la municipalidad siempre que haya contienda entre uno y otro departamento, es decir, “siempre que uno invada directa o indirectamente la esfera del otro” o “cuando uno de los poderes impide al otro el ejercicio de sus facultades”.

5°) Que en la especie, se alegó invasión en la esfera de las competencias propias del ejecutivo municipal, y la verosimilitud del derecho invocado surge del propio texto de la ordenanza impugnada, que en términos concretos, atribuye la facultad y el  deber de elaborar el Presupuesto de Gastos y Recursos al Departamento Ejecutivo, por lo que, el instrumento promulgado excedería “a priori” las competencias del Concejo Deliberante.

Asimismo, la cuestión planteada deja entrever la posible colisión con normas constitucionales provinciales vinculada al marco legal que refiere al instrumento presupuestario municipal.

[…]

Además, la posible aplicación de la ordenanza cuy inconstitucionalidad se peticiona, configura en sí misma, por los motivos que expone la actora, una amenaza a las finanzas públicas del Municipio de San Ramón de la Nueva Orán.

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