Las medidas de restricción del gasto se extenderán por el plazo de seis meses, a partir del 1º de enero del 2024.

Mediante Acordada 14050 la Corte de Justicia dispuso una serie de medidas tendientes a contener el gasto público en el ámbito del Poder Judicial, sumándose de este modo a la decisión que en igual sentido adoptó el gobierno provincial.

Si bien el Poder Judicial ha mantenido histórica y comprobadamente una ejecución del gasto apegada a principios de austeridad y de riguroso equilibrio presupuestario, con esta decisión se tiende a extremar los recaudos tendientes a reducir el gasto público y a equipararlo con la presunta disminución de futuros recursos en el actual contexto socio-económico, salvaguardando siempre el correcto funcionamiento del servicio de justicia. 

Para ello, los jueces del máximo tribunal provincial decidieron:
– congelar sus aumentos salariales; 
– suspender nombramientos; 
– limitar la asignación de viáticos a los estrictamente necesarios para el cumplimiento de la función judicial;
– restringir la adquisición de insumos y bienes de uso;
– optimizar la utilización de los servicios de energía eléctrica, gas y telefonía adecuando sistemas de control y aplicando nuevas tecnologías;
– limitar los incrementos de valores de contratos de alquiler de inmuebles y servicios en general; 
– ajustar las horas de dedicación complementaria a la estricta necesidad del servicio.

Las medidas de restricción del gasto se extenderán por el plazo de seis meses, a partir del 1º de enero del 2024.

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