La orden de desalojo fue librada por el juez Claudio Parisi.
Por Radio A, Andrés Giménez, presidente de la Comunidad Kolla “El Tucán (Orán), relató el atropello que sufrieron el pasado 23 de marzo a raíz de una orden de desalojo librada por el juez Claudio Parisi a raíz de una denuncia del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) en la Fiscalía Penal N° 2.
La comunidad está ubicada entre la Unidad Carcelaria N° 3 y la zona de ladrilleros. Está compuesta por 12 familias y alrededor de 60 personas (adultos, niños y personas mayores).
Señaló que ese día se presentaron cinco patrulleros y más de quince efectivos policiales con una orden de desalojo que indicaba que la comunidad estaba en términos de usurpación porque el territorio fue cedido por el municipio al IPV para la construcción de loteos y viviendas sociales, sin embargo, no presentaron ninguna documentación que probara esto.
La comunidad está siendo representada legalmente por el abogado Hernán Mascietti. Según manifestó, a pesar de estar en instancia de juicio y haber presentado un amparo, no fueron notificados previamente del desalojo.
“Al momento que quise dar las explicaciones a los policías, estos ingresaron de todas maneras al territorio y comenzaron a sacar mis pertenencias”, expresó. Gracias a la ayuda de organizaciones y otras comunidades lograron frenar el desalojo.
Giménez informó que el 4 de marzo el intendente Pablo González se presentó en el territorio y allí los reconoció como comunidad e inclusive se comprometió “en brindarnos una solución que no nos afecte y de buscar otro sector para la construcción de viviendas del IPV”, agregó.
Sostuvo que cuando Jorge Ferreyra estuvo al frente de Tierra y Hábitat “se presentaba y directamente nos quería correr, decía que no teníamos que estar aquí y que iba a traer máquinas para voltear nuestros hogares”.
Declaración de la comunidad Kolla «El Tucán»
